Contralor interno de La Polar revela misterioso “local 70”, entrega a culpables y cuenta cómo se destruirían documentos

Alejandro Aedo, que entregó su testimonio ante la autoridad reguladora el pasado 7 de septiembre durante 3 horas y 41 minutos, explicó cómo se le entregaba información parcial a la cuestionada consultora Price Waterhouse, aunque ésta no podía menos que detectar las anomalías. Asimismo acusa el intento de inducir a posibles testigos en sus declaraciones.




Por primera vez desde que se inició la investigación contra La Polar en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), uno de los funcionarios que aún se mantiene en la empresa, decidió contar toda la verdad. Y lo hizo con ventilador.
El contralor interno Alejandro Aedo, en su declaración ante la SVS la semana pasada -que publica The Clinic Online- reveló una serie de episodios internos hasta ahora desconocidos y la existencia del misterioso “local 70”. Además cómo se le entregaba información incompleta a la auditora externa Price Waterhouse, el intento de destruir documentos y los -a su juicio- responsables de toda la maquinaria de las renegociaciones unilaterales que investiga el Ministerio Público. Y como si fuera poco, la inducción a otros posibles testigos de parte de un ex empleado de la firma del retail.

El testimonio de Aedo comenzó el pasado 7 de octubre a las 9.00 frente a los investigadores María Luz Schachtebeck y don Hernán Hidalgo Gómez. Duró 3 horas y 41 minutos y quedó plasmado en 11 páginas.

El “local 70”
Este profesional ingresó a La Polar en 2007. A poco andar, les contó a los fiscalizadores de la SVS del llamado “local 70”. Este último no era otro que la sede donde operaba toda la maquinaria para hacer las renegociaciones unilaterales a los clientes sin autorización de estos últimos.

A partir de ese momento, Aedo aseguró que Price Waterhouse, la cuestionada consultora que nunca advirtió las anomalías, tomaba muestras para establecer si se cumplían las políticas de crédito. Los jefes directos de Aedo eran el jefe de Auditoría Héctor Quezada, el subgerente de la misma área Mario Oliva y la gerenta contralora Fabiola Maldonado. En la cúspide estaba la ex ejecutiva María Isabel Farah, hasta ahora una de las principales imputadas de la caída junto al ex gerente general y ex presidente del directorio, Pablo Alcalde, y el ex gerente Julián Moreno.

El recorrido de nombres es relevante en el relato de Aedo, porque asegura que PW, recibió en un correo electrónico una página Excel, del período enero a octubre de 2010., donde se daba cuenta de 70 mil a 80 mil transacciones.

“…Me pareció extraño porque muchas veces en tres o cuatro días se cursaban esa cantidad de transacciones. Al identificar cada celda de transacciones al ver el local 70, que era el de Panamericana visualicé que no había ninguna transacción de dicho local. Solamente contaba con transacciones realizadas en sucursales”, explicó Aedo a la SVS. Esa información, según el profesional, fue canalizada por los ejecutivos mencionados más arriba.

En otras palabras, Price Waterhouse no observó que tenía sólo un 4% de la información para realizar su auditoría y el otro 96% dice Aedo, quedaba en el “local 70”, para que la consultora no lo analizara.

Hasta ahí podría parecer que PW pudo haber sido engañada, sin embargo, Aedo admite que con la información disponible daba al menos para sospechar, porque incluso se hizo un estudio interno en 2009 en La Polar, que daba cuenta de las repactaciones unilaterales que alcanzaban ya a las 300 mil, es decir, dos años antes. Cabe recordar al respecto, que luego que la firma del retail informara al mercado de su verdadera situación patrimonial en junio pasado, se estableció que eran cerca de un millón de chilenos los afectados.

Who is who

En las contrapreguntas a Aedo de parte de la SVS, le consultaron quiénes eran los responsables de saber de la entrega de información a PW -y por extensión al mercado- y cómo le constaba. Aedo contestó:

“Bajo mi criterio, serían los gerentes corporativos, María Isabel Farah, de productos financiero Julián Moreno, gerente de informática Pablo Fuenzalida, ellos eran los representantes y los dueños de las áreas afectadas por la materialización de las renegociaciones. No me consta que se hubieran reunidos pero ellos eran los responsables, administración controlar, informática operar y productos financieros definir las reglas. Al menos una de las tres debería haber señalado que algo extraño ocurría”, aseveró.

Al referirse al caso de Pablo Alcalde, aseguró desconocer si este estaba enterado o no. Sin embargo, tanto en el Ministerio Público como en una presentación hecha en la SVS, Julián Moreno asegura lo contrario.

“Tienen que resetearse”

Aedo no escatimó detalles. También contó cómo Farah les ordenó deshacerse de la información relevante y que pudiera afectarlos, pero asegura que no aceptó.
“Mario Oliva solicita que a petición de María Isabel, había que borrar información sobre el caso, entonces le señalo que claramente al hacer eso nos convierte en participe y ya tenemos la evidencia necesaria que esto es fraude. A lo que responde “¿tú crees que esto era un fraude”? Entonces le contesté que esto era el indicador… En la tarde del mismo día aproximadamente a las 14:30 entra a la oficina Fabiola Maldonado, gerente de contraloría, habla con Mario y cuando se va retirando, nos dice “ya hablaron con uds. Que tienen que resetearse” y sale de la oficina… ”
Por último, indicó que Oliva, trató de inducir a otros posibles testigos del caso en sus declaraciones: “… le solicitó al jefe de auditoría que no me hablara ni se contaminara conmigo y lo empezó a inducir cuales eran las versiones”.


Lee la declaración de Alejandro Aedo
http://issuu.com/theclinic/docs/aedo_svs/1#print

http://issuu.com/theclinic/docs/alcalde_y_moreno_sin_sello_de_agua?mode=window&backgroundColor=%23222222



Fuente: http://www.theclinic.cl

Superintendencia formula cargo contra PwC por deficiencias al auditar a filial de La Polar

La autoridad hizo seis reparos y dijo que en su propia revisión detectó cosas que no vio Price.



Después de más de tres meses de investigación en relación a la emisora de tarjetas de crédito de La Polar, Inversiones SCG, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) hizo una inédita formulación de cargo contra una auditora: PriceWaterHouseCopper (PwC). La medida obedece a que detectó deficiencias en su labor de auditora externa, al analizar la gestión de riesgo de la filial de Empresas La Polar, que en junio reveló graves irregularidades en el manejo de la cartera de créditos.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que el ente regulador y fiscalizador, dirigido por Carlos Budnevich, hizo seis reparos a la labor de Price, los cuales dieron origen a la formulación de un cargo. Este se refiere a "diversos reparos u observaciones respecto del referido Informe de Procedimientos Acordados" -que se exige a este tipo de emisores de tarjetas-, por cuanto éste no se habría fundado en "técnicas y procedimientos de auditoría que otorguen un grado razonable de confiabilidad, proporcionen elementos de juicio suficientes y su contenido sea veraz, completo y objetivo", como lo exige el artículo 248 inciso 1° de la Ley N° 18.045.

"Las deficiencias observadas consisten, en lo fundamental, en que la auditora omitió aspectos relevantes (no formuló excepciones) relativos a riesgos de créditos, renegociaciones, provisiones e independencia de la auditoría interna, que sí fueron detectados en la revisión de la Sbif, demostrando falencias en el trabajo realizado por PwC", dijo la superintendencia. La Sbif, cuestionada en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por su labor fiscalizadora en este caso, justificó el cargo, indicando que para los emisores de tarjetas de crédito no bancarios existe un régimen de fiscalización delegado en auditores externos, basado en la entrega anual del Informe de Procedimientos Acordados.

Reparos

Fuentes cercanas revelaron que fueron seis los reparos a labor desempeñada por Price. Uno de ellos se refiere a que la auditora no identificó que la auditoría interna de la filial de La Polar dependía de la contraloría, lo que evidenciaría poca independencia de juicio y un limitado nivel jerárquico.

Otro punto sería el que los procedimientos de gestión de crédito no eran visados por el directorio de la compañía, ni por la gerencia de la empresa. La Sbif indicó que la auditora tampoco advirtió que la función contralora estaba radicada en una subgerencia de la multitienda, otro factor revelador de la débil fiscalización.

Cuestionó que la política de provisiones no fuera la indicada, pues la auditora no observó que se estaban vulnerando las políticas de crédito en materia de renegociaciones de créditos. También detectó ausencia de documentación relativa a metodología de provisiones. Price confirmó que realizará sus descargos en el plazo legal de 10 días hábiles. Tras eso la Sbif definirá sanciones.

El cargo contra la firma auditora

La Sbif acusa a Price de vulnerar el artículo 248 de la ley del Mercado de Valores, que le obliga a fundar sus informes en procedimientos confiables y entregar un contenido veraz, completo y objetivo. Además, asegura que en su propia revisión detectó faltas de SCG que Price debió ver.

Las sanciones a las que se expone Price

La línea de sanciones para la auditora considera multas, que pueden llegar hasta UF 5.000 ($ 110 millones), pero también abre la posibilidad de suspenderle la licencia. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que existen pocas posibilidades de que la Sbif cancele a una transnacional.

La defensa de la empresa auditora.

Price también recibió formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, incluyendo al socio encargado de La Polar. La auditora replicó con una demanda contra quien resulte responsable, acusando que recibió información falsa y que existía contabilidad paralela.


Fuente: http://diario.latercera.com

La Polar, o cómo nos contagiamos del Síndrome Arthur Andersen

Uno de los asuntos polémicos del caso Enron que fue largamente descrito en el libro Final Accounting sobre el rol de Arthur Andersen en esa crisis, es la dualidad que tenían las empresas auditoras como vendedoras de servicios de consultorías a la vez auditaban los estados financieros. En el libro se describe con lujo de detalles, como el área de consultoría presionaba al área de auditoría para que no fuera tan estricta en sus revisiones, cosa de no perder un cliente, ya que los ingresos por otros servicios eran más atractivos para las auditoras.





Las fiestas en la empresa prometían ser cada vez mejores. Los ejecutivos, excelentemente pagados tenían mucho que mostrar a los accionistas. Años recientes de buen desempeño accionario, una expansión internacional en ciernes, además finalmente un buen gobierno de derecha que parara en seco las regulaciones de la industria, hacían que el sueño siguiera vivo. Pero de repente ocurrió la debacle: datos sobre las utilidades reales de la compañía no eran correctos, pese a que habían sido auditados por una de las empresas más reconocidas de la plaza.

Esta historia que suena igual a lo vivido ayer en la crisis de La Polar, corresponde en realidad a la vieja historia de Enron de hace 10 años y su socia en el fraude: la auditora Arthur Andersen. Suena historia conocida la publicación de un hecho esencial en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros que indicaba que la empresa detectó que se realizaron prácticas de crédito que no fueron autorizadas por el directorio y que implicarían provisiones adicionales en montos que oscilan entre 150 y 200 mil millones de pesos, según la estimaciones preliminares.

Y al igual que la gigante de Texas, las acciones se desplomaran en un 44,8% en el día negro de La Polar. Más aún: el año anterior para La Polar había sido excelente, pues sus acciones habían subido un 20,2 % en el 2010. Los estados financieros mostraban una envidiable utilidad de casi 30 mil millones de pesos. Una empresa sólida, al igual que lo era Enron.

La Polar, al igual que Enron tenía sus estados financieros auditados por una de las más respetadas de la Plaza: Price Waterhouse Coopers conocida cariñosamente como PwC. La auditoría firmada el día 15 de marzo de 2011 aprobaba los estados financieros y por tanto, las provisiones tomadas y las jugosas utilidades. No es casualidad que en el hecho esencial se saque a Price, reemplazándola por otra.


Debido al alto nivel de créditos que otorga la Polar a sus clientes, ésta debe hacer provisiones en sus estados de resultados, con el objeto de prever situaciones de no pago y de morosidad. El objeto de ello es sincerar el real riesgo que tienen los ingresos de la empresa. En el caso de las instituciones financieras operan reglas de la Superintendencia de Bancos, pero que no necesariamente deben ser adoptados en el mundo del retail. Una política de previsiones que haga el supuesto de una cartera más sólida y con mejor comportamiento de pago, implica mejores utilidades para la compañía. Estas son claramente riesgosas, pues un sinceramiento de la situación crediticia, y con bajas provisiones puede implicar un desplome de la empresa.

Las solas estimaciones que ha hecho la empresa implican montos de más de cinco veces las utilidades del año anterior, y es razonable que la duda respecto a que las provisiones sean aún mayores. Ante esa incerteza cundió el pánico en el mercado. La lectura de la bolsa fue una sola: la Polar tiene una cartera mucho más morosa que la que ha declarado en los estados financieros y en vez de utilidades tiene pérdidas por montos desconocidos.

La Polar, al igual que Enron tenía sus estados financieros auditados por una de las más respetadas de la Plaza: Price Waterhouse Coopers conocida cariñosamente como PwC. La auditoría firmada el día 15 de marzo de 2011 aprobaba los estados financieros y por tanto, las provisiones tomadas y las jugosas utilidades. No es casualidad que en el hecho esencial se saque a Price, reemplazándola por otra. Pero el problema no es la empresa auditora, sino una lección del caso Enron que no ha sido corregida en Chile.

Uno de los asuntos polémicos del caso Enron que fue largamente descrito en el libro Final Accounting sobre el rol de Arthur Andersen en esa crisis, es la dualidad que tenían las empresas auditoras como vendedoras de servicios de consultorías a la vez auditaban los estados financieros. En el libro se describe con lujo de detalles, como el área de consultoría presionaba al área de auditoría para que no fuera tan estricta en sus revisiones, cosa de no perder un cliente, ya que los ingresos por otros servicios eran más atractivos para las auditoras. Y al igual que ocurre hoy en Chile, las empresas auditoras tienen mejores ingresos a través de sus áreas de consultoría que dando fe de la certeza de los estados financieros. Una revisión de la web de la empresa auditora de La Polar muestra la importancia que le asignan a estos negocios anexos, convertidos en el rubro principal.

Esta historia se ha convertido en un caso de estudio largamente debatido en escuelas de negocios, incluyendo varios MBA en Chile, a los que sospecho que deben haber asistido muchos profesionales de La Polar y de PwC. La venta de estos negocios a un mismo cliente, que son claramente incompatibles entre sí, es llamada en muchas escuelas de negocios como el Síndrome Arthur Andersen.

En el código de conducta de Pwc en Chile y que está publicado en su web no se menciona nada respecto a qué hacer ante un cliente que tiene contratado los servicios de consultoría y al que se le deben auditar sus balances encontrándole errores. Tampoco es posible ver cuál es la política de PwC respecto a sus criterios para vender conjuntamente la auditoría con otros servicios. En realidad ninguna empresa auditora transparenta esa, y queda mucha tarea para la Superintendencia de Valores y Seguros en esta área. Que debiera partir, por cierto, con volver a leer el caso Enron.

Fuente: http://www.elmostrador.cl

“Price Waterhouse es cómplice de la situación de La Polar”

Tomás Fabres, Director de Fundación Chile Ciudadano:
“Price Waterhouse es cómplice de la situación de La Polar”

El director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, aseguró que la empresa Price Waterhouse, que realizó una auditoría externa a La Polar, es cómplice de la situación.

“El gran escándalo aquí tiene relación con la empresa Price Waterhouse que sin duda debe haber conocido esta situación y negoció con el directorio o con algún ejecutivo alto de la compañía para no revelar los estados financieros”, sostuvo en entrevista con Radio Bío Bío.

En ese sentido, el abogado señaló que ha sido testigo en reiteradas ocasiones de cómo las firmas de auditores negocian las notas de los estados financieros con los directorios.

“Si una auditoría interna o externa no es capaz de detectar que uno de cada cinco clientes está siendo ‘bicicletiado’ es porque, simplemente, está bien ‘mojadito’ o le dicen mira para el norte en vez de hacer su pega”, insistió Fabres.

Asimismo, explicó que “a partir del año 2007 La Polar inició una política muy agresiva de ampliación de su cartera de clientes, y por medio de sus filiales que están encargadas de evaluar a los clientes, otorgaron créditos por montos muy pequeños a personas que no tenían ninguna capacidad de pago”.

“Las principales afectadas son dueñas de casas que simplemente no tienen ingresos para cancelar las deudas ya que generalmente administran un presupuesto familiar. A ese nicho apostó La Polar en el año 2007”, acotó.

“Como era de esperarse muchas de esas señoras contrajo las deudas sin que supieran sus maridos y lloran hoy día porque no saben cómo explicarle hoy a sus maridos que tienen una deuda de dos millones. Ellas no fueron capaces de responder a sus compromisos y La Polar, en vez de aplicar la ley que obliga a castigar cuando no se paga la cuota, decidió interpretar por su cuenta el contrato detectando cláusulas que le permiten repactar las deudas con el cliente, situación que es ilegal”, afirmó el director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano.

De igual modo, hizo hincapié en que la Fundación está estudiando interponer una querella criminal, por cuanto existe información falsa en los balances de La Polar, lo que a su juicio es un delito.

Fuente: http://www.elmostrador.cl

Sincronismo de tiempo, un elemento para la "Duda Razonable"

Lamentablemente la definición de hora oficial no ha pasado de ser un tema legalmente definido a técnicamente implementado. Si bien por ley del año 1992 se ha definido que el Observatorio de Santa Ana de Tarija, en virtud de contar con un reloj atómico, generosamente donado por la entonces Unión Soviética y luego mediante ley del año 1993 donde se definió que era la Academia Nacional de Ciencias encargada de la difusión de la misma, ninguna de las disposiciones legales ha sido cumplida. Los motivos son desconocidos, pero el efecto de no contar con ello es una bomba de tiempo en el plano de la fiabilidad de la evidencia digital que tiene como factor su asociación a un hecho en tiempo además del espacio.

Si bien hablamos mucho de la “Hora Boliviana” como la explicación a la impuntualidad de las personas y autoridades, pues en materia forense esto puede ser lapidario para la fiabilidad de evidencia digital. La inexistencia por un lado de fuente oficial de consulta y referencia de la hora nacional hace que todos sincronicen sus relojes como mejor les parece. Si pensáramos en singular quizá unos minutos mas o unos menos no serian significativos, pero cuando entendemos que debe haber un intercambio de datos o diferentes acciones deben ser realizadas en relativo o absoluto sincronismo encontramos dificultades que si bien parecen irrelevantes, serán de vital importancia cuando queramos usar estos registros de tiempo para fines legales.

Donde podemos observar este problema de mayor manera? Pues en el intercambio de datos utilizando operadores diferentes como ENTEL, VIVA, TIGO, AXS y el resto de las empresas. También es notoria la falta de sincronismo entre los Bancos, cuando cada uno de ellos tiene su propia hora, pero cuando uno hace transacciones interbancarias por ejemplo solo retirar dinero de un cajero automático de otro banco diferente al titular de las tarjetas. Es importante destacar que ninguna de las entidades que regulan estos sectores ha definido la obligatoriedad de sincronizar tiempo. Tanto la ASFI como la ATT no han definido ahora con su nueva denominación o en su calidad anterior de superintendencias. Un sector que tiene este tema controlado y puede servir de ejemplo es el eléctrico, donde el CNDC (Centro Nacional de Despacho y Carga) ubicado en Cochabamba, facultado legalmente es generador de la Hora oficial para ese sector, estando todos los participantes (generación, transporte y distribución) en la obligatoriedad de sincronizar.

Decimos una bomba de tiempo por cuanto cada vez se hace más frecuente el uso de la evidencia digital para probar la ocurrencia de un hecho en un determinado momento de tiempo, pero con la falta de sincronización de tiempo, puede darse que el registro del tiempo o es anterior al mismo hecho o es posterior pero no de manera razonable. Ahora si se cuentan con 2 o más registros del mismo hecho en diferentes fuentes, puede darse el caso de no coincidencia entre ellos. En esa situación se complica explicar en términos forenses estas diferencias dando lugar al uso de la figura legal de “duda razonable” en afectación de la fiabilidad de la evidencia digital. En términos más claros y directos, se puede pedir la exclusión de determinada evidencia que presente esta duda respecto al tiempo real entre lo ocurrido y lo registrado.

Para demostrar este hecho se han realizado pruebas contra medios de telecomunicación pro televisión, sitios web de diferentes instituciones entre bancos, operadores de telefonía, sector eléctrico, teniendo diferencias de más de 30 minutos en el registro de tiempos. Al interior de las empresas durante actividades de consultoría se ha podido evidenciar la falta de sincronización en algunos casos TOTAL y en otros de aquellos dispositivos que no están integrados mediante una red de datos. Como solucionar esto? Pues operativizando las leyes ya formuladas hace 19 años. Tanto las entidades de regulación sectorial como ministerios deben retomar esta necesidad que afecta significativamente.

Instrumentando la difusión por medio oficiales de la Hora Oficial y obligando a que TODOS sincronicemos sin justificativo alguno el tiempo de nuestros registros y en general de cada reloj en el territorio nacional

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El contenido de esta nota ha sido expuesto por ya mas de 2 años en diferentes instancias con la finalidad de que pueda ser solucionado, pero ante la negativa de hacerlo vemos conveniente colocarlo como tema de discusión abierta. Esperamos que ahora o en un futuro cercano sea tomado en cuenta.


Autor: Guido Rosales Uriona

Fuente: www.rosalesuriona.com

Programas de Capacitación "CISO - FCA" 2011

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