Después de más de tres meses de investigación en relación a la emisora de tarjetas de crédito de La Polar, Inversiones SCG, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) hizo una inédita formulación de cargo contra una auditora: PriceWaterHouseCopper (PwC). La medida obedece a que detectó deficiencias en su labor de auditora externa, al analizar la gestión de riesgo de la filial de Empresas La Polar, que en junio reveló graves irregularidades en el manejo de la cartera de créditos.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que el ente regulador y fiscalizador, dirigido por Carlos Budnevich, hizo seis reparos a la labor de Price, los cuales dieron origen a la formulación de un cargo. Este se refiere a "diversos reparos u observaciones respecto del referido Informe de Procedimientos Acordados" -que se exige a este tipo de emisores de tarjetas-, por cuanto éste no se habría fundado en "técnicas y procedimientos de auditoría que otorguen un grado razonable de confiabilidad, proporcionen elementos de juicio suficientes y su contenido sea veraz, completo y objetivo", como lo exige el artículo 248 inciso 1° de la Ley N° 18.045.
"Las deficiencias observadas consisten, en lo fundamental, en que la auditora omitió aspectos relevantes (no formuló excepciones) relativos a riesgos de créditos, renegociaciones, provisiones e independencia de la auditoría interna, que sí fueron detectados en la revisión de la Sbif, demostrando falencias en el trabajo realizado por PwC", dijo la superintendencia. La Sbif, cuestionada en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por su labor fiscalizadora en este caso, justificó el cargo, indicando que para los emisores de tarjetas de crédito no bancarios existe un régimen de fiscalización delegado en auditores externos, basado en la entrega anual del Informe de Procedimientos Acordados.
Reparos
Fuentes cercanas revelaron que fueron seis los reparos a labor desempeñada por Price. Uno de ellos se refiere a que la auditora no identificó que la auditoría interna de la filial de La Polar dependía de la contraloría, lo que evidenciaría poca independencia de juicio y un limitado nivel jerárquico.
Otro punto sería el que los procedimientos de gestión de crédito no eran visados por el directorio de la compañía, ni por la gerencia de la empresa. La Sbif indicó que la auditora tampoco advirtió que la función contralora estaba radicada en una subgerencia de la multitienda, otro factor revelador de la débil fiscalización.
Cuestionó que la política de provisiones no fuera la indicada, pues la auditora no observó que se estaban vulnerando las políticas de crédito en materia de renegociaciones de créditos. También detectó ausencia de documentación relativa a metodología de provisiones. Price confirmó que realizará sus descargos en el plazo legal de 10 días hábiles. Tras eso la Sbif definirá sanciones.
El cargo contra la firma auditora
La Sbif acusa a Price de vulnerar el artículo 248 de la ley del Mercado de Valores, que le obliga a fundar sus informes en procedimientos confiables y entregar un contenido veraz, completo y objetivo. Además, asegura que en su propia revisión detectó faltas de SCG que Price debió ver.
Las sanciones a las que se expone Price
La línea de sanciones para la auditora considera multas, que pueden llegar hasta UF 5.000 ($ 110 millones), pero también abre la posibilidad de suspenderle la licencia. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que existen pocas posibilidades de que la Sbif cancele a una transnacional.
La defensa de la empresa auditora.
Price también recibió formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, incluyendo al socio encargado de La Polar. La auditora replicó con una demanda contra quien resulte responsable, acusando que recibió información falsa y que existía contabilidad paralela.
Fuente: http://diario.latercera.com
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