Las claves de identificación para el acceso a la red de ordenadores se variaron el año pasado. Tamayo recuerda que el expediente está parado porque "por encima está la jurisdicción penal"
Parte del sistema informático del Ayuntamiento de Córdoba fue sometido a la instalación de controles de entrada a raíz de conocerse que varios policías locales tuvieron acceso a la red para modificar expedientes urbanísticos. Estos hechos dieron lugar a un expediente interno que acabó en el juzgado y que ha sido conocido como el caso Torreblanca. Cuatro agentes se enfrentan cada uno a una pena de tres años y medio de prisión, inhabilitación para el ejercicio de ese cargo por un periodo de tres años y multa de 5.400 euros, acusados de un delito de falsedad cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Los hechos saltaron a la luz pública en el 2008 y fue en abril del año pasado cuando se reforzaron estas medidas de seguridad, según ha podido saber este diario de fuentes municipales. Entre estas innovaciones figuran la introducción de nuevas claves de identificación.
Como ya adelantó este periódico, el fiscal sostiene que dos de los imputados, matrimonio y policías locales, "aprovechándose de su condición como agentes adscritos al servicio de Disciplina Urbanística", iniciaron en el verano del 2007 la construcción de una vivienda en una parcela de su propiedad en Torreblanca "sin gozar de las licencias urbanísticas correspondientes".
Los otros dos encausados, agentes adscritos al mismo servicio, y que formaban una patrulla de vigilancia urbanística en Torreblanca, se enteraron a finales de septiembre de la construcción que llevaban a cabo sus compañeros, pero "con la finalidad de evitar la responsabilidad de aquellos", no abrieron expediente alguno de disciplina urbanística en el registro informático.
EN PRENSA El ministerio público mantiene también que el 11 de enero del 2008, los acusados se enteraron de que el caso iba a salir publicado en prensa y, "con la finalidad de dar cobertura legal a su actuación y evitar cualquier tipo de responsabilidad por razón de su cargo, unos por haber iniciado la construcción sin haber obtenido la obligada licencia, y los otros al no haber cumplimentado ni iniciado expediente alguno, convinieron de común acuerdo manipular un expediente ya registrado" en la base de datos del registro informático. Lo hicieron para que coincidiera en su creación con las fechas en que los agentes localizaron "la construcción ilícita" promovida por el matrimonio, para luego remitirlo a la Gerencia de Urbanismo.
De común acuerdo, siempre según la versión que ofrece la fiscalía, utilizaron un expediente ya registrado con fecha 26 de septiembre del 2007 y la agente cambió los datos del promotor y constructor, introdujo los de su suegra, y modificó los agentes denunciantes. También el 12 de enero y el 14 de enero introdujeron otras modificaciones, remitiendo el resultado a la Gerencia de Urbanismo.
'SUB IUDICE' Por su parte, la concejala de Seguridad, Movilidad y Transporte, Ana Tamayo (PP), señaló ayer a este diario que "el asunto está sub iudice y respetamos las decisiones judiciales". La edil añadió que el expediente administrativo se abrió "en época de José Joaquín Cuadra (IU) y no se resolverá hasta que no haya dictamen judicial, ya que la jurisdicción penal está por encima de la administrativa".
Fuente: www.diariocordoba.com
