Contralor interno de La Polar revela misterioso “local 70”, entrega a culpables y cuenta cómo se destruirían documentos

Alejandro Aedo, que entregó su testimonio ante la autoridad reguladora el pasado 7 de septiembre durante 3 horas y 41 minutos, explicó cómo se le entregaba información parcial a la cuestionada consultora Price Waterhouse, aunque ésta no podía menos que detectar las anomalías. Asimismo acusa el intento de inducir a posibles testigos en sus declaraciones.




Por primera vez desde que se inició la investigación contra La Polar en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), uno de los funcionarios que aún se mantiene en la empresa, decidió contar toda la verdad. Y lo hizo con ventilador.
El contralor interno Alejandro Aedo, en su declaración ante la SVS la semana pasada -que publica The Clinic Online- reveló una serie de episodios internos hasta ahora desconocidos y la existencia del misterioso “local 70”. Además cómo se le entregaba información incompleta a la auditora externa Price Waterhouse, el intento de destruir documentos y los -a su juicio- responsables de toda la maquinaria de las renegociaciones unilaterales que investiga el Ministerio Público. Y como si fuera poco, la inducción a otros posibles testigos de parte de un ex empleado de la firma del retail.

El testimonio de Aedo comenzó el pasado 7 de octubre a las 9.00 frente a los investigadores María Luz Schachtebeck y don Hernán Hidalgo Gómez. Duró 3 horas y 41 minutos y quedó plasmado en 11 páginas.

El “local 70”
Este profesional ingresó a La Polar en 2007. A poco andar, les contó a los fiscalizadores de la SVS del llamado “local 70”. Este último no era otro que la sede donde operaba toda la maquinaria para hacer las renegociaciones unilaterales a los clientes sin autorización de estos últimos.

A partir de ese momento, Aedo aseguró que Price Waterhouse, la cuestionada consultora que nunca advirtió las anomalías, tomaba muestras para establecer si se cumplían las políticas de crédito. Los jefes directos de Aedo eran el jefe de Auditoría Héctor Quezada, el subgerente de la misma área Mario Oliva y la gerenta contralora Fabiola Maldonado. En la cúspide estaba la ex ejecutiva María Isabel Farah, hasta ahora una de las principales imputadas de la caída junto al ex gerente general y ex presidente del directorio, Pablo Alcalde, y el ex gerente Julián Moreno.

El recorrido de nombres es relevante en el relato de Aedo, porque asegura que PW, recibió en un correo electrónico una página Excel, del período enero a octubre de 2010., donde se daba cuenta de 70 mil a 80 mil transacciones.

“…Me pareció extraño porque muchas veces en tres o cuatro días se cursaban esa cantidad de transacciones. Al identificar cada celda de transacciones al ver el local 70, que era el de Panamericana visualicé que no había ninguna transacción de dicho local. Solamente contaba con transacciones realizadas en sucursales”, explicó Aedo a la SVS. Esa información, según el profesional, fue canalizada por los ejecutivos mencionados más arriba.

En otras palabras, Price Waterhouse no observó que tenía sólo un 4% de la información para realizar su auditoría y el otro 96% dice Aedo, quedaba en el “local 70”, para que la consultora no lo analizara.

Hasta ahí podría parecer que PW pudo haber sido engañada, sin embargo, Aedo admite que con la información disponible daba al menos para sospechar, porque incluso se hizo un estudio interno en 2009 en La Polar, que daba cuenta de las repactaciones unilaterales que alcanzaban ya a las 300 mil, es decir, dos años antes. Cabe recordar al respecto, que luego que la firma del retail informara al mercado de su verdadera situación patrimonial en junio pasado, se estableció que eran cerca de un millón de chilenos los afectados.

Who is who

En las contrapreguntas a Aedo de parte de la SVS, le consultaron quiénes eran los responsables de saber de la entrega de información a PW -y por extensión al mercado- y cómo le constaba. Aedo contestó:

“Bajo mi criterio, serían los gerentes corporativos, María Isabel Farah, de productos financiero Julián Moreno, gerente de informática Pablo Fuenzalida, ellos eran los representantes y los dueños de las áreas afectadas por la materialización de las renegociaciones. No me consta que se hubieran reunidos pero ellos eran los responsables, administración controlar, informática operar y productos financieros definir las reglas. Al menos una de las tres debería haber señalado que algo extraño ocurría”, aseveró.

Al referirse al caso de Pablo Alcalde, aseguró desconocer si este estaba enterado o no. Sin embargo, tanto en el Ministerio Público como en una presentación hecha en la SVS, Julián Moreno asegura lo contrario.

“Tienen que resetearse”

Aedo no escatimó detalles. También contó cómo Farah les ordenó deshacerse de la información relevante y que pudiera afectarlos, pero asegura que no aceptó.
“Mario Oliva solicita que a petición de María Isabel, había que borrar información sobre el caso, entonces le señalo que claramente al hacer eso nos convierte en participe y ya tenemos la evidencia necesaria que esto es fraude. A lo que responde “¿tú crees que esto era un fraude”? Entonces le contesté que esto era el indicador… En la tarde del mismo día aproximadamente a las 14:30 entra a la oficina Fabiola Maldonado, gerente de contraloría, habla con Mario y cuando se va retirando, nos dice “ya hablaron con uds. Que tienen que resetearse” y sale de la oficina… ”
Por último, indicó que Oliva, trató de inducir a otros posibles testigos del caso en sus declaraciones: “… le solicitó al jefe de auditoría que no me hablara ni se contaminara conmigo y lo empezó a inducir cuales eran las versiones”.


Lee la declaración de Alejandro Aedo
http://issuu.com/theclinic/docs/aedo_svs/1#print

http://issuu.com/theclinic/docs/alcalde_y_moreno_sin_sello_de_agua?mode=window&backgroundColor=%23222222



Fuente: http://www.theclinic.cl

Superintendencia formula cargo contra PwC por deficiencias al auditar a filial de La Polar

La autoridad hizo seis reparos y dijo que en su propia revisión detectó cosas que no vio Price.



Después de más de tres meses de investigación en relación a la emisora de tarjetas de crédito de La Polar, Inversiones SCG, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) hizo una inédita formulación de cargo contra una auditora: PriceWaterHouseCopper (PwC). La medida obedece a que detectó deficiencias en su labor de auditora externa, al analizar la gestión de riesgo de la filial de Empresas La Polar, que en junio reveló graves irregularidades en el manejo de la cartera de créditos.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que el ente regulador y fiscalizador, dirigido por Carlos Budnevich, hizo seis reparos a la labor de Price, los cuales dieron origen a la formulación de un cargo. Este se refiere a "diversos reparos u observaciones respecto del referido Informe de Procedimientos Acordados" -que se exige a este tipo de emisores de tarjetas-, por cuanto éste no se habría fundado en "técnicas y procedimientos de auditoría que otorguen un grado razonable de confiabilidad, proporcionen elementos de juicio suficientes y su contenido sea veraz, completo y objetivo", como lo exige el artículo 248 inciso 1° de la Ley N° 18.045.

"Las deficiencias observadas consisten, en lo fundamental, en que la auditora omitió aspectos relevantes (no formuló excepciones) relativos a riesgos de créditos, renegociaciones, provisiones e independencia de la auditoría interna, que sí fueron detectados en la revisión de la Sbif, demostrando falencias en el trabajo realizado por PwC", dijo la superintendencia. La Sbif, cuestionada en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por su labor fiscalizadora en este caso, justificó el cargo, indicando que para los emisores de tarjetas de crédito no bancarios existe un régimen de fiscalización delegado en auditores externos, basado en la entrega anual del Informe de Procedimientos Acordados.

Reparos

Fuentes cercanas revelaron que fueron seis los reparos a labor desempeñada por Price. Uno de ellos se refiere a que la auditora no identificó que la auditoría interna de la filial de La Polar dependía de la contraloría, lo que evidenciaría poca independencia de juicio y un limitado nivel jerárquico.

Otro punto sería el que los procedimientos de gestión de crédito no eran visados por el directorio de la compañía, ni por la gerencia de la empresa. La Sbif indicó que la auditora tampoco advirtió que la función contralora estaba radicada en una subgerencia de la multitienda, otro factor revelador de la débil fiscalización.

Cuestionó que la política de provisiones no fuera la indicada, pues la auditora no observó que se estaban vulnerando las políticas de crédito en materia de renegociaciones de créditos. También detectó ausencia de documentación relativa a metodología de provisiones. Price confirmó que realizará sus descargos en el plazo legal de 10 días hábiles. Tras eso la Sbif definirá sanciones.

El cargo contra la firma auditora

La Sbif acusa a Price de vulnerar el artículo 248 de la ley del Mercado de Valores, que le obliga a fundar sus informes en procedimientos confiables y entregar un contenido veraz, completo y objetivo. Además, asegura que en su propia revisión detectó faltas de SCG que Price debió ver.

Las sanciones a las que se expone Price

La línea de sanciones para la auditora considera multas, que pueden llegar hasta UF 5.000 ($ 110 millones), pero también abre la posibilidad de suspenderle la licencia. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que existen pocas posibilidades de que la Sbif cancele a una transnacional.

La defensa de la empresa auditora.

Price también recibió formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, incluyendo al socio encargado de La Polar. La auditora replicó con una demanda contra quien resulte responsable, acusando que recibió información falsa y que existía contabilidad paralela.


Fuente: http://diario.latercera.com

La Polar, o cómo nos contagiamos del Síndrome Arthur Andersen

Uno de los asuntos polémicos del caso Enron que fue largamente descrito en el libro Final Accounting sobre el rol de Arthur Andersen en esa crisis, es la dualidad que tenían las empresas auditoras como vendedoras de servicios de consultorías a la vez auditaban los estados financieros. En el libro se describe con lujo de detalles, como el área de consultoría presionaba al área de auditoría para que no fuera tan estricta en sus revisiones, cosa de no perder un cliente, ya que los ingresos por otros servicios eran más atractivos para las auditoras.





Las fiestas en la empresa prometían ser cada vez mejores. Los ejecutivos, excelentemente pagados tenían mucho que mostrar a los accionistas. Años recientes de buen desempeño accionario, una expansión internacional en ciernes, además finalmente un buen gobierno de derecha que parara en seco las regulaciones de la industria, hacían que el sueño siguiera vivo. Pero de repente ocurrió la debacle: datos sobre las utilidades reales de la compañía no eran correctos, pese a que habían sido auditados por una de las empresas más reconocidas de la plaza.

Esta historia que suena igual a lo vivido ayer en la crisis de La Polar, corresponde en realidad a la vieja historia de Enron de hace 10 años y su socia en el fraude: la auditora Arthur Andersen. Suena historia conocida la publicación de un hecho esencial en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros que indicaba que la empresa detectó que se realizaron prácticas de crédito que no fueron autorizadas por el directorio y que implicarían provisiones adicionales en montos que oscilan entre 150 y 200 mil millones de pesos, según la estimaciones preliminares.

Y al igual que la gigante de Texas, las acciones se desplomaran en un 44,8% en el día negro de La Polar. Más aún: el año anterior para La Polar había sido excelente, pues sus acciones habían subido un 20,2 % en el 2010. Los estados financieros mostraban una envidiable utilidad de casi 30 mil millones de pesos. Una empresa sólida, al igual que lo era Enron.

La Polar, al igual que Enron tenía sus estados financieros auditados por una de las más respetadas de la Plaza: Price Waterhouse Coopers conocida cariñosamente como PwC. La auditoría firmada el día 15 de marzo de 2011 aprobaba los estados financieros y por tanto, las provisiones tomadas y las jugosas utilidades. No es casualidad que en el hecho esencial se saque a Price, reemplazándola por otra.


Debido al alto nivel de créditos que otorga la Polar a sus clientes, ésta debe hacer provisiones en sus estados de resultados, con el objeto de prever situaciones de no pago y de morosidad. El objeto de ello es sincerar el real riesgo que tienen los ingresos de la empresa. En el caso de las instituciones financieras operan reglas de la Superintendencia de Bancos, pero que no necesariamente deben ser adoptados en el mundo del retail. Una política de previsiones que haga el supuesto de una cartera más sólida y con mejor comportamiento de pago, implica mejores utilidades para la compañía. Estas son claramente riesgosas, pues un sinceramiento de la situación crediticia, y con bajas provisiones puede implicar un desplome de la empresa.

Las solas estimaciones que ha hecho la empresa implican montos de más de cinco veces las utilidades del año anterior, y es razonable que la duda respecto a que las provisiones sean aún mayores. Ante esa incerteza cundió el pánico en el mercado. La lectura de la bolsa fue una sola: la Polar tiene una cartera mucho más morosa que la que ha declarado en los estados financieros y en vez de utilidades tiene pérdidas por montos desconocidos.

La Polar, al igual que Enron tenía sus estados financieros auditados por una de las más respetadas de la Plaza: Price Waterhouse Coopers conocida cariñosamente como PwC. La auditoría firmada el día 15 de marzo de 2011 aprobaba los estados financieros y por tanto, las provisiones tomadas y las jugosas utilidades. No es casualidad que en el hecho esencial se saque a Price, reemplazándola por otra. Pero el problema no es la empresa auditora, sino una lección del caso Enron que no ha sido corregida en Chile.

Uno de los asuntos polémicos del caso Enron que fue largamente descrito en el libro Final Accounting sobre el rol de Arthur Andersen en esa crisis, es la dualidad que tenían las empresas auditoras como vendedoras de servicios de consultorías a la vez auditaban los estados financieros. En el libro se describe con lujo de detalles, como el área de consultoría presionaba al área de auditoría para que no fuera tan estricta en sus revisiones, cosa de no perder un cliente, ya que los ingresos por otros servicios eran más atractivos para las auditoras. Y al igual que ocurre hoy en Chile, las empresas auditoras tienen mejores ingresos a través de sus áreas de consultoría que dando fe de la certeza de los estados financieros. Una revisión de la web de la empresa auditora de La Polar muestra la importancia que le asignan a estos negocios anexos, convertidos en el rubro principal.

Esta historia se ha convertido en un caso de estudio largamente debatido en escuelas de negocios, incluyendo varios MBA en Chile, a los que sospecho que deben haber asistido muchos profesionales de La Polar y de PwC. La venta de estos negocios a un mismo cliente, que son claramente incompatibles entre sí, es llamada en muchas escuelas de negocios como el Síndrome Arthur Andersen.

En el código de conducta de Pwc en Chile y que está publicado en su web no se menciona nada respecto a qué hacer ante un cliente que tiene contratado los servicios de consultoría y al que se le deben auditar sus balances encontrándole errores. Tampoco es posible ver cuál es la política de PwC respecto a sus criterios para vender conjuntamente la auditoría con otros servicios. En realidad ninguna empresa auditora transparenta esa, y queda mucha tarea para la Superintendencia de Valores y Seguros en esta área. Que debiera partir, por cierto, con volver a leer el caso Enron.

Fuente: http://www.elmostrador.cl